Amianto, la pandemia silenciosa
La emergencia sanitaria del coronavirus ha puesto sobre la mesa uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía en este siglo XXI: la crisis medioambiental y el peligro de que ésta pueda derivar en otras pandemias. Uno de esos riesgos se encuentra presente entre nosotros desde hace años: las enfermedades causadas por el amianto. Las microscópicas partículas en suspensión de este peligroso material potencialmente cancerígeno han provocado miles de muertes en la última década. Un problema que, según los expertos, irá a más dada la degradación que el paso del tiempo causa en las construcciones donde se encuentra presente.
La contaminación causada por este material presente en miles de construcciones antiguas supone un serio problema para la salud pública, hasta el punto que las muertes causadas en España por la inhalación de las invisibles fibras de amianto podrían llegar a las 130.000 antes de 2050 si no se le pone remedio. Así lo indica un reciente informe remitido al Parlamento por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para reclamar al Gobierno la elaboración de una Ley Integral del Amianto, en base a un manifiesto firmado junto a una treintena de entidades más para acabar con esta "amenaza global".
El problema está sobre la mesa, pues la propia Unión Europea insta a sus Estados miembros a erradicar esta sustancia tóxica antes de 2032. Según SEPAR, el actual contexto de reconstrucción económica causado por la crisis del coronavirus supone "una oportunidad única" para abordar esta cuestión en España.
Peligro para la salud
El neumólogo Josep Tarrés, autor de diversos estudios sobre esta problemática, recuerda que el amianto es el causante de todos los mesoteliomas (cáncer de pleura), de entre un 10% y un 15% de los de pulmón y en algunos casos de laringe o esófago.
Dichas enfermedades pueden aflorar a partir de los 20 años a la exposición a las fibras, hecho que explicaría el progresivo aumento de muertes por mesotelioma, pasando de los menos de 500 casos detectados entre 1976 y 1980 a los casi 1.400 diagnosticados entre 2016-2020 en nuestro país, un 60% más que hace 30 años, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Tarrés también avisa que, según algunas estimaciones, más del 70% del amianto instalado en España ha llegado al final de su vida útil, esto es, el periodo a partir del cual se desprenden las fibras y se convierte en un material peligroso. Una vida útil que estima entre los 30 y 35 años, aunque entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la llegan a estipular entre los 20 y 25. Con lo cual, teniendo en cuenta que la mayoría de construcciones con amianto superan los 40 años, ese riesgo de desgaste resulta evidente.
Omnipresencia
El amianto fue un componente muy utilizado en la construcción hasta los años noventa. Los vascos estamos "rodeados" de más de 260.000 toneladas de amianto repartidas por empresas, viviendas y edificios públicos. Entre los elementos donde se encuentra presente figuran, por ejemplo, las placas onduladas de fibrocemento -la uralita, omnipresente en multitud de tejados de viviendas y naves industriales--, así como también en aislantes, bajantes, conducciones de agua, depósitos o bien en proyectados ignífugos de edificios y garajes, entre otros, tal y como refleja la Guía del Amianto de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Amianto de Cataluña (AVAAC).
El peligro de la inhalación de amianto aumenta por el desgaste o la rotura de los materiales en los que se encuentra presente. Un enemigo invisible cuyos daños pasan factura tiempo después. Y es que la enfermedad tiene un periodo de latencia lento, es decir, tarda en aparecer hasta 20 o 30 años después de la exposición a las fibras cancerígenas. Incluso aún en el caso de que ésta sea esporádica.
Ardua tarea
El desamiantado de cualquier instalación requiere de extremas medidas de seguridad para evitar la dispersión de fibras en el aire y debe ser realizado por una empresa especializada, como KUBER, empresa registrada en el RERA con el nº20/00110.
Fuente: Crónica global